Roberto Carlés fue designado por la Presidenta para suceder en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a su maestro Eugenio Raúl Zaffaroni. Sin embargo, demasiadas denuncias probaron la falta de idoneidad, de antecedentes profesionales y de cualidades éticas del bendecido presidencial para ocupar un cargo vitalicio. Pese a estar “flojo de papeles”, nos interesa ir más allá del hombre y enfocarnos en sus ideas rectoras.
Carlés sintetizó su agenda de derechos humanos en distintos medios locales y ante L´Osservatore Romano. ¿Cuáles fueron sus declaraciones, y cuánto se sostienen en la realidad?
1. “La pena capital es incompatible con el respeto de los derechos humanos, desvaloriza la dignidad humana y el derecho de no ser sujeto a tortura y otros tratamientos crueles, inhumanos o degradantes”, declaró en el éter de la Once-Diez. “Los Estados”, añadió, “aplican la pena de muerte en forma encubierta, ya sea por medio de ejecuciones ilegales o extrajudiciales”. Es absolutamente cierto, pues aunque el entrevistado parece olvidar que la pena capital existe de hecho en la Argentina violenta, con sus palabras reconoce implícitamente que todos los días son ejecutados ciudadanos indefensos con la anuencia del Estado.
2. “También los Estados matan por omisión … El Estado tiene un poder de señorío sobre la vida y sobre la muerte de las poblaciones aún en los casos que no hay pena de muerte legal”. Los Estados también “matan por omisión” cuando no administran la debida justicia. Una prueba de lo dicho es provista por el Informe de la Corte Suprema de Justicia de La Nación que consigna que durante el 2013 subió la tasa de los homicidios dolosos por venganza privada en los asentamientos precarios. Este dato es un índice de que la actual política penal victimiza a los segmentos más vulnerables: el índice más elevado tanto de victimarios como de víctimas de homicidio muestra que tienen apenas entre 18 y 24 años. Es notorio entonces que, cuando el Estado no imparte justicia, se desprotege no sólo a la sociedad sino al delincuente, quien termina siendo víctima de la justicia por mano propia. Desconocer la retribución como elemento esencial de los vínculos intersubjetivos es negar su papel tanto en la vida privada como en las obligaciones públicas: desde los regalos y las propinas hasta las multas por morosidad tributaria son manifestaciones de la justicia retributiva.
3. “Yo opino que por más grave que haya sido la conducta, después de 20 años del hecho, la persona ya no es la misma”. Carlés, quien no trabajó en la Justicia, desconoce que los asesinos son liberados, en promedio, tras tres años de prisión. Por lo demás, cree resolver el complejísimo problema de la identidad personal con un reduccionismo sorprendente. Pues no sabemos si la persona es o no la misma. Pero tenemos la certeza de que el muerto ya dejó de ser el mismo en el instante en que el asesino lo mató.
4. Carlés aspira a “Tener una Justicia penal más humana”: Carlés es el favorito de un ex Juez de la Corte Suprema que nada hizo para que se ejecutara durante los últimos años el presupuesto nacional asignado a la construcción y mejoramiento de cárceles (en el 2014, apenas el 9 %). Esta omisión produjo la violación de los derechos humanos de los internos, quienes sufren de hacinamiento. Como solución a esta deshumanización del preso, creen poder justificar la excarcelación consuetudinaria de los condenados que ponen en riesgo a la sociedad.
Pese a su juventud, Roberto Carlés trae una agenda programada hace tres décadas y avalada por una jurisprudencia que produjo un experimento social letal, enmascarada por un Indec de la inseguridad que se resiste, una y otra vez, a reconocer la impunidad legitimada por el Estado, tanto en las causas llamadas “menores” para quienes no la sufren, como en las grandes causas donde juegan las grandes ligas de la política.
Si la agenda de derechos humanos, en palabras de Carlés, “nos concierne a todos”, la Justicia debe representar los valores de la sociedad, y no imponérselos. La designación de Carlés, como la de cualquier otro con más pergaminos pero con el mismo ideario, enmascararía y legitimaría en un mismo gesto una nueva modalidad de violencia institucional provocada por omisión. Cualquier propuesta semejante ya fue probada en la Argentina, donde el delito y el narcotráfico son consentidos por un Estado omnipresente en otras áreas pero ausente en la defensa de sus ciudadanos de bien.
Tal vez por falta de perspectiva histórica, es difícil proyectar los efectos de esta masacre “por goteo”, en la retórica del ex juez. Y una vez más, cuando todavía conmemoramos los delitos de la Dictadura, el ejecutor de esta violencia institucional es un Estado indiferente a los desaparecidos y muertos por las violencias de la democracia. Un Estado indiferente ante las víctimas. Ante los enlutados. Y ante los ciudadanos desamparados por una Justicia que pretende perpetuar un ideario de academia divorciado de un pueblo que reclama, ni más ni menos, la protección del respeto del derecho a la vida.
✒ Diana Cohen Agrest* | Clarín | Lunes 30 de marzo de 2015.
*Doctora en Filosofía y ensayista. Miembro de Usina de Justicia
