29.9.15

A 40 años de Operación Primicia

 La acción más espectacular de la guerrilla, que incluyó el secuestro en pleno vuelo del avión más moderno de Aerolíneas Argentinas, el copamiento de un aeropuerto, el ataque a un cuartel en la periferia del país y la fuga en ese mismo avión y en una avioneta, ocurrió el 5 de octubre de 1975 y fue el debut del Ejército Montonero, en pleno gobierno constitucional del peronismo. 

REGIMIENTO DE INFANTERÍA DE MONTE 29. Los cuerpos de los montoneros
quedaron en el cuartel. En el 75 era el segundo en poder de fuego en el país.

 Con sus rangos y sus uniformes color azul, el Ejército Montonero fue el instrumento que la guerrilla peronista, encabezada por el “oficial superior” Mario Firmenich, imaginó para enfrentar el golpe militar del que hablaban todos y acelerar la llegada de la revolución socialista.

 Eso fue el domingo 5 de octubre de 1975 a la hora de la siesta, en la ciudad de Formosa, durante la presidencia de Isabel Perón, que estaba en Ascochinga, en las sierras de Córdoba, reponiéndose de sus crónicos problemas de salud; ocupaba su lugar el senador Ítalo Argentino Luder, que intentaba sacar a flote un gobierno que naufragaba en medio de una tormenta de violencia, inflación y denuncias de corrupción.

 Unos 70 combatientes participaron en forma directa en esta operación, que tuvo cinco etapas, algunas de ellas simultáneas: 

• Secuestro del Vuelo 706 de Aerolíneas Argentinas, con 102 pasajeros y seis tripulantes, que se dirigía a Corrientes pero fue desviado a Formosa, a 1.190 kilómetros de Buenos Aires. 

• Copamiento del aeropuerto internacional “El Pucú”, en la entrada de la capital formoseña. Hubo un policía muerto.

• Ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29, el segundo en poder de fuego de todo el país. Los montoneros estaban convencidos de que los soldados de guardia, que cumplían con el servicio militar obligatorio, entregarían las armas, pero no fue así. También murió el soldado que abrió las puertas del cuartel, Roberto Mayol, un santafesino que estudiaba abogacía y era “oficial segundo” de Montoneros. 

• Fuga de los guerrilleros que sobrevivieron al ataque en el modernísimo Boeing 737-200 de Aerolíneas y en un Cessna 182 de cuatro plazas que sirvió para confundir en el aire a los perseguidores. 

• Aterrizaje del avión de Aerolíneas a 700 kilómetros de Formosa, en una pista preparada para la ocasión en una estancia cerca de Rafaela, la “Perla del Oeste” santafesino. El Cessna bajó en una arrocera en las afueras de Corrientes.

 Operación Primicia fue diseñada y dirigida por el “oficial superior” Raúl Yaguer, más conocido como “El Gringo”, “Roque” o “Mario”, un ingeniero químico santafesino metódico y cáustico que era el número cuatro de la cúpula nacional de Montoneros. Los tres primeros en la jerarquía, Firmenich, Roberto Perdía y Roberto Quieto, aprobaron el copamiento.

 Fue el primer ataque de Montoneros a un cuartel militar; el inicio de la lucha directa contra las Fuerzas Armadas, que pasó a ser su enemigo principal en la causa por la revolución socialista y la liberación nacional; por eso el nombre de la operación, Primicia, una palabra muy utilizada por los periodistas para referirnos a un hecho valioso que se revela por primera vez.

 Montoneros estaba organizado en todo el país y la Regional Nordeste abarcaba el norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Uno de los nombres fuertes era el de Carlos Kunkel, actual diputado kirchnerista, quien había sido trasladado allí en 1974, luego de su renuncia a una banca de diputado nacional y su expulsión del peronismo debido a su oposición a un proyecto de ley del presidente Juan Perón que endurecía la represión contra la guerrilla. 

 Kunkel siempre se negó a ser entrevistado para aclarar varias dudas; por ejemplo, si participó en algún momento y de alguna manera en el ataque al cuartel de Formosa, como afirman varios sitios en Internet.

COMUNICADO. Parte de guerra de la agrupación Montoneros sobre el ataque.

El golpe

 Operación Primicia no fue sólo una acción que parece salida de un guión cinematográfico: conmovió al gobierno, al peronismo y a los militares, y provocó que el general Jorge Videla y el almirante Emilio Massera —ya eran los jefes del Ejército y la Marina— fijaran la fecha para el golpe del 24 de marzo de 1976. 

 Es que luego del ataque, Isabel decidió acortar su licencia médica y volver a la presidencia; los militares y parte del peronismo y del sindicalismo presionaron a Luder para que se quedara en la Casa Rosada y completara el mandato constitucional, hasta las elecciones del año próximo, pero el senador no aceptó: “Yo no voy a ser el traidor de la señora de Perón”, argumentó. Videla y Massera decidieron entonces dar el golpe, pero no pudieron convencer al jefe de la Fuerza Aérea, el brigadier Héctor Fautario: eso ocurrió en un tenso almuerzo en el Delta, a bordo de un yate de la Armada, el viernes 17 de octubre de 1975. Igual siguieron adelante y a fines de aquel año lograron desplazar a Fautario impulsando una rebelión entre los aviadores que desembocó en su reemplazo por el brigadier Orlando Agosti. Videla, Massera y Agosti, los nombres de la primera junta militar.

Los tres decretos

 Operación Primicia impactó en la opinión pública, en especial por la muerte de los diez colimbas de 21 años que defendieron el cuartel; tanto que La Opinión, el diario de Jacobo Timerman, considerado de centroizquierda, afirmó en tapa: “El país está en guerra; todo el país, a lo largo y a lo ancho de su territorio”.

 El gobierno peronista reaccionó con tres decretos que ordenaron a las Fuerzas Armadas la ejecución de “las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”. 

 Hacía tiempo, desde que habían vuelto a la lucha armada el año anterior, que Montoneros consideraba que el gobierno de la viuda de Perón “carecía de razón social”, como explicó Firmenich en 1978 en Resistir, una película rodada entre Francia e Italia por Jorge Cedrón con guión del poeta, escritor y periodista Juan Gelman.

 En ese film, un Firmenich de 29 años y barba y bigotes a lo Fidel Castro se presentó como “jefe del Partido Montonero y del Ejército Montonero” y no mostró ningún lamento por el abrupto final del gobierno peronista ya que en su opinión era apenas un velo que impedía al pueblo desarrollar su esencia revolucionaria.

La represión

 Operación Primicia anticipó cómo sería la represión tras el golpe militar: después del ataque, cuando todo había pasado, patrullas del Ejército mataron a tres vecinos que no tenían nada que ver con los guerrilleros; los testimonios indican que un estudiante secundario de 15 años y un joven policía de civil fueron fusilados mientras estaban tirados en el suelo.

 Prácticamente todos los guerrilleros que participaron del ataque fueron muertos por el Ejército, antes o después del golpe de Estado. Dos de ellos —Horacio Pietragalla (“Chacho” o “Ángel”) y Eduardo Jensen (“Añamen”)— fueron capturados el 15 de octubre de 1975 en el bar Royal de la ciudad de Córdoba, hacia donde habían huido desde Resistencia y Corrientes. 

 Pietragalla era el número dos de la Regional Nordeste de Montoneros y, junto con su mujer, había instalado en Resistencia un negocio de venta y distribución de máquinas y artículos de oficina que funcionaba como una pantalla; fue el lugar donde las columnas montoneras se concentraron antes del ataque al cuartel de Formosa. 

 Fuentes consultadas para mi libro “¡Viva la sangre! me contaron que Pietragalla y Jensen fueron las dos primeras víctimas del Comando Libertadores de América, un grupo paraestatal vinculado orgánicamente con el Tercer Cuerpo de Ejército, que ya estaba a cargo del general Luciano Benjamín Menéndez.

 Pietragalla —padre del diputado kirchnerista del mismo nombre— y Jensen se convirtieron en los primeros desaparecidos en Córdoba luego de los tres decretos despachados por el gobierno nacional.

Oro y bronce

 El kirchnerismo y las organizaciones de derechos humanos consideran que los muertos en el cuartel de Formosa tienen un valor distinto. Asoma allí un doble estándar: 

• Por un lado, los conscriptos sólo son recordados en Formosa y en 2010, cuando fue publicado mi libro Operación Primicia, sus padres debían arreglarse con una pensión mensual de 842 pesos; era el sueldo básico de cabo, rango al que fueron ascendidos sus hijos.

• Por el otro, la mayoría de los guerrilleros muertos durante el combate en el regimiento figura en los renovados anexos del Nunca Más; es decir, en los listados de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) actualizados por el gobierno de Néstor Kirchner, y en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado que se levanta en la Costanera porteña. Además, sus parientes ya cobraron una indemnización del Estado que en marzo de 2010 ascendía 620.919 pesos (cien veces el sueldo más alto de la administración pública nacional). 

Los conscriptos muertos formaban parte de un grupo desafortunado compuesto por los “soldados del domingo por la tarde”, es decir por los más pobres, que no tenían dinero para visitar a sus familias en el interior de la provincia y acostumbraban a cambiar sus francos por una pequeña suma de dinero, como Hermindo Luna, un “criollo” de Las Lomitas, y por los más generosos, como Edmundo Sosa, un muchacho sin padre que, primero, postergó su baja para que saliera en su lugar un compañero que era más pobre que él y tenía dos hijos que alimentar, y luego, aquel domingo 5 de octubre, le había cedido su franco a otro colega para que fuera a Clorinda a ganarse unos pesos en el acarreo de bolsas de harina de contrabando a Paraguay. 

Un cálculo simple indicaba que la madre de Sosa, por ejemplo, debía cobrar esa pensión de 842 pesos todos los meses durante 61 años y medio de su vida para llegar a la suma ya percibida por los parientes de cada uno de los guerrilleros. Y sin que hubiera inflación.

Con el tiempo, el diputado formoseño Ricardo Buryaile, del radicalismo, presentó un proyecto de ley para que los parientes de los soldados fueran indemnizados con el mismo dinero que ya habían cobrado los herederos de los guerrilleros. Pero, luego de muchas idas y vueltas, el proyecto no fue aprobado por la oposición de los diputados kirchneristas.

Estirando la ley

Es llamativo: un Estado democrático indemnizando a quienes atacaron a otro Estado democrático, cuyo gobierno, constitucional, era encabezado por la viuda de Juan Perón, que había sido elegida vicepresidenta el 23 de septiembre de 1973; era la compañera de fórmula de su marido, que sumió pero murió el 1° de julio de 1974.

¿Cómo ocurrió esto? La Ley 24.411, sancionada en 1994 durante el gobierno de Carlos Menem, estableció una indemnización para los herederos de los desaparecidos y de “toda persona que hubiese fallecido como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad, o de cualquier grupo paramilitar con anterioridad al 10 de diciembre de 1983”.

Los fundamentos de esa ley y los discursos de diputados y senadores indican que el objetivo era reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado, pero no la represión a la guerrilla realizada durante los gobiernos constitucionales y dentro de la ley. 

Sin embargo, la nueva interpretación oficial es que las indemnizaciones incluyen a los guerrilleros muertos en cualquier tipo de enfrentamiento con militares, gendarmes y policías hasta la vuelta a la democracia y desde un momento no precisado pero que en la secretaría de Derechos Humanos ya estiran al 16 de junio de 1955, fecha del bombardeo a la Plaza de Mayo. 

En los anexos del Nunca Más, presentados en la Feria del Libro en 2006, figuraban ocho de los doce guerrilleros muertos durante el ataque al cuartel de Formosa; todos como víctimas de “ejecución sumaria”, una categoría creada por el gobierno kirchnerista. La fuente de esa información era “REDEFA”, el Registro de Fallecidos de la Ley 24.411. 

Es decir que primero sus herederos cobraron la indemnización creada durante el menemismo y luego, en el kirchnerismo, su nombre fue incorporado al listado de la Conadep. El oro, por un lado, y el bronce, por el otro.

Los montoneros muertos en Formosa no están solos en los nuevos listados del Nunca Más: en total, son 545 los nombres que provienen del REDEFA y casi todos (526) son considerados víctimas de “ejecución sumaria”, entre ellos los caídos en los ataques a los cuarteles de Villa María, Fray Luis Beltrán, Azul y Monte Chingolo. 

También figuran guerrilleros muertos en tiroteos con la policía y mientras preparaban bombas, y hasta el cordobés Fernando Haymal, quien fue fusilado el 6 de septiembre de 1975 pero no por los militares o la policía sino por Montoneros, acusado de traición y delación, como informó la revista Evita Montonera, en su número 8. 

Esas irregularidades son investigadas ahora por el juez federal Claudio Bonadio, que ya allanó dos veces la secretaría de Derechos Humanos para incautar los legajos cuestionados. El ataque en la siesta formoseña de hace 40 años se dirime ahora en los tribunales porteños.

 Ceferino Reato | La Gaceta de Tucumán | Domingo 27 de septiembre de 2015.
http://www.lagaceta.com.ar/nota/655036/la-gaceta-literaria/a-40-anos-operacion-primicia.html

24.9.15

Las sanciones contra el régimen castrista


“El odio como factor de lucha; el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar”. Ernesto “Che” Guevara.

El olvido de la verdad


 Escuché a Nelson Castro transmitiendo directamente desde Cuba decir textualmente que el embargo decidido por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba, en octubre de 1960, “era inmoral, porque perjudicó al pueblo cubano”.

 Me extraña que este periodista sobresaliente en su defensa de la democracia y los derechos humanos dijera esto.

 Antes de pasar revista a los hechos que motivaron dicho embargo, creo necesario recordarle a Nelson Castro que una parte de esos hechos fueron los asesinatos de veintinueve niños argentinos, cometidos por la “juventud maravillosa”, cuyos comandantes se entrenaban en la isla, financiados por la Unión Soviética, para que implantaran un régimen totalitario marxista-leninista en Argentina.

 Pero relatemos los hechos previos a octubre de 1962, en plena guerra fría, cuando se implantaron estas sanciones contra el régimen comunista de Cuba.

Por qué sancionaron a Cuba

 Hasta 1959, Hispanoamérica no había caído en la faz violenta de la guerra de guerrillas y solo se manifestaba el conflicto en conflictos provocados por agitadores profesionales. La guerra fría todavía no se había tornado caliente en nuestras naciones. ¿Cómo fue que alcanzo esta faz sangrienta?

 Tres meses después que Fidel Castro tomara el gobierno de Cuba, en 1959, se dio el primer acto bélico de la guerrilla marxista, enviada desde la isla. El objetivo fue el estratégico istmo de Panamá. A continuación el terrorismo cubano se extendió por Centro América. En 1961 Castro se declara públicamente comunista, el slogan de sus seguidores fue, “Si Fidel es comunista, yo soy comunista, ¿elecciones para qué?” La guerra fría ya se había tornado caliente en Hispanoamérica.

 Por si cabía alguna duda en 1962, Cuba acepta tropas soviéticas en su territorio y la instalación de bases de misiles nucleares que podrían bombardear inclusive a Argentina. El 12 de septiembre de ese año el gobierno de la URSS, previene a Estados Unidos, que un ataque o bloqueo contra barcos soviéticos llevando las cargas nucleares que se dirijan a la isla, provocaría la guerra atómica.

 La URRS apoyaba a Cuba 1,5 millones de dólares por día y además con sus fuerzas armadas, armas y entrenamiento. Esto equivalía económicamente, a la construcción de dos represas como la del Chocón por año.

 Posteriormente guerrillas castristas intentan desembarcar en Venezuela y Castro organiza con el nombre de FALN, (Frente Armado de Liberación Nacional), la guerra en dicho país. En Colombia también el Ejército combatía contra la guerrilla castro-soviética. En 1963, Guevara con el apoyo de Fidel Castro, organiza un grupo guerrillero, que operará en Orán (Salta), liderado por Jorge R. Masetti, quien junto a otro terrorista, Rodolfo Walsh habían fundado la agencia noticiosa Prensa Latina en la Habana.

 Ernesto Guevara definió la doctrina de esta guerra, en la Asamblea General de la ONU el 11 de diciembre de 1964: “Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que la hemos expresado siempre ante el mundo: fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte”.

Se agrava el ataque contra Hispanoamérica

 En enero de 1966, comienza la Conferencia Tricontinental de la Habana, Concurrieron 513 delegados de 83 grupos provenientes de Asia, África y América Latina. En el órgano de la Tricontinental, “Revista Tricontinental” de 16-4-67, Guevara dijo: “El odio como factor de lucha; el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así; un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve: a su casa, a sus lugares de diversión; hacerla total. Hay que impedirle tener un minuto de tranquilidad, un minuto de sosiego fuera de sus cuarteles, y aún dentro de los mismos: atacarlo donde quiera que se encuentre; hacerlo sentir una fiera acosada por cada lugar que transite”.

 La Revista Verde Olivo, La Habana, 8-10-68, publicó otras declaraciones de Guevara: “El camino pacífico está eliminado y la violencia es inevitable. Para lograr regímenes socialistas habrán de correr ríos de sangre y debe continuarse la ruta de la liberación aunque sea a costa de millones de víctimas atómicas”.

 En esta Conferencia Tricontinental, a propuesta del chileno Salvador Allende, impulso la idea soviética de convocar a una conferencia latinoamericana, que se llamaría OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad). Dicho delegado chileno dijo en su mensaje: “Estamos con los combatientes de Guatemala, Colombia, Venezuela y Perú”. Dilma Rousseff era terrorista en Brasil y los Tupamaros asesinaban uruguayos. A todo este proyecto no lo podía financiar Cuba, solo la URSS tuvo el poder para ello, pero Fidel Castro entrenaba a los comandantes que vendrían a matar a nuestros países.

 Posteriormente, en 1967, se celebró la reunión de la OLAS, con 27 delegaciones, entre ellas, la argentina presidida por John William Cooke y la chilena por Salvador Allende, se aprobó una declaración que contenía estos párrafos: “El primer objetivo de la revolución popular en el continente es la toma del poder mediante la destrucción del aparato burocrático-militar del Estado y su reemplazo por el pueblo armado para cambiar el régimen social y económico existente […]. Dicho objetivo es sólo alcanzable a través de la lucha armada. Los hechos ocurridos demuestran que la guerra de guerrillas, como genuina expresión de la lucha armada popular, es el método más eficaz y la forma más adecuada para librar y desarrollar la guerra revolucionaria en la mayoría de nuestros países […].El proceso violento hacia el comunismo es inevitable y exige la existencia del mando unificado político y militar como garantía de su éxito”.

Atacan a Argentina, fue una GUERRA


 Para 1968, la guerrilla marxista se había extendido a casi toda Hispanoamérica.

 Fue entonces que la Guerra fría comenzó a tomar temperatura en Argentina. Ernesto Guevara desde el sur de Bolivia, proyectaba atacar al noreste. La misma contó con el apoyo de Fidel Castro, según lo expreso el dictador cubano públicamente.

 Sin embargo la guerra se tornó caliente en Argentina, desde el asesinato del General Aramburu, en 1970. Desde entonces fue creciendo la ofensiva marxista-leninista con ataques a cuarteles, y asesinatos de quienes no pensaban de la misma forma, como Oberdan Salustro, Presidente de la FIAT, Patrick Egan. Cónsul de Estados Unidos, o la señora de Cuco, una humilde vendedora de diarios. Entre los terroristas atacantes estaban las hijas de Estela de Carlotto y los hijos de Hebe Bonafini. Entre sus víctimas, niños, jóvenes, hijos, madres, padres y hermanos.

 Las organizaciones guerrilleras entrenadas en Cuba, mataron a más de 2.000 argentinos. Siguiendo la doctrina guerrillera de Guevara, expuestas más arriba, entre ellos a más de 29 chicos, cómo María Cristina Viola de 4 años, al bebe Kraiselburd de pocos meses, Guillermina Cabrera de 3 años, Juan Eduardo Barrios de 3 años. Asesinaron empresarios como Raúl Alberto Amelong, hirieron a su hija adolescente que lo acompañaba; a mujeres por ser esposas de militares como la señora de Sasiain, a sindicalistas como José Ignacio Rucci, secuestraron y torturaron a militares como el Coronel Larrabure y ametrallaron a soldados conscriptos de 18 años, como lo hicieron en el asalto al cuartel del 29 de Monte en Formosa, con la participación del ahora Diputado Kunkel. Estos chicos que cumplían el servicio militar obligatorio fueron acribillados, mientras dormían o estaban bañándose. Para los K, Alberto Fernández, Schiaretti, Lorenzetti, la Corte Suprema y muchos jueces, no fueron estos, crímenes de Lesa Humanidad, para muchos diputados y senadores, incursos en la violación del artículo 119 de la Constitución Nacional, tampoco.

 Recordemos esta doctrina que lego Guevara a los asaltantes del cuartel: “Hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve: a su casa, a sus lugares de diversión; hacerla total. Hay que impedirle tener un minuto de tranquilidad, un minuto de sosiego fuera de sus cuarteles, y aún dentro de los mismos”.

 Las dos principales organizaciones guerrilleras, PRT-ERP y Montoneros, no hubieran podido por sí solas mantener una lucha tan intensa, no había recursos internos y nunca tuvieron el apoyo del pueblo. Tampoco Cuba hubiera podido atacar a todo el continente, sin la ayuda y el apoyo de la URRS. Una prueba más de esto, es que cuando en 1977, la Unión Soviética necesito cereales y alimentos, llego a un acuerdo con el Gobierno Militar Argentino y le quitó el apoyo a su propia guerrilla, pasando a ser el principal cliente de nuestro país. Entonces esta superpotencia, junto con Cuba, el bloque oriental y los No Alineados, defendieron al gobierno Argentino ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

 Los hechos relatados fueron el motivo de las Sanciones contra el gobierno totalitario y terrorista de Fidel Castro, la más larga y sangrienta de las dictaduras que tiene la historia hispanoamericana. El saldo fueron 200.000 muertos en Iberoamérica y África.

Nelson Castro debe informarse


 Por eso Nelson Castro debería informarse y ver de qué lado está la inmoralidad y sobre todo apercibirse que en Argentina hubo una guerra, que el país fue atacado y que este gobierno y la izquierda han creado una falsa imagen de represión, cuando en realidad se debió combatir, para que no instalaran un totalitarismo en nuestro país.

 Mientras tanto a Nelson no le llaman la atención los 1.800 prisioneros de este gobierno por haber cumplido con su deber de defender la Patria. Los trata de represores y ahora defiende a quienes nos atacaron. ¿Cómo puede estar tan engañado un hombre inteligente? Lo peor es que se ha creado una falsa cultura y han caído en ella la mayoría de los periodistas, intelectuales y políticos.

 Tengo fija la imagen de Fidel Castro saludando sentado al Papa para que este tenga que inclinarse ante él. Este tirano no está arrepentido de ninguno de sus crímenes y reprimió a las Damas de Blanco y disidentes que quisieron acercarse a su Santidad. También el tirano sigue manteniendo presos políticos y se siguen escapando cubanos de la isla, sumándose a los 2 millones de exilados de la tiranía.

 Aquí en Argentina, la ingratitud y la injusticia, produce el fenómeno que hay quienes tienen licencia para matar y otros que no tienen derechos humanos.

 Carlos E. Viana | Informador Público | Miércoles 23 de septiembre de 2015.
http://www.informadorpublico.com/terrorismo/las-sanciones-contra-el-regimen-castrista 

El Estado debe recuperar el poder punitivo



 Con un sistema de persecución de delitos desvirtuado en su esencia, el único modo de revertir la creciente inseguridad es volver a reconocer la legitimidad del derecho estatal a aplicar una pena a aquellos que delinquen.


 Siempre he tenido la sensación de que no puedo abordar el problema de la inseguridad a la manera de un especialista que analiza el fenómeno. Mi posición de fiscal me obliga a tener que superar el simple estadio de la crítica o la protesta por la falta de seguridad, ya que, desde ese aspecto, formo parte del problema. Por eso quiero hacer una crítica y una propuesta. Ambas tienen como destinatario el sistema de aplicación de la ley penal, conformado por los legisladores que dictan las leyes, los jueces y fiscales que las interpretamos y aplicamos, y las autoridades administrativas encargadas de ejecutarlas.


 Más allá de las fallas que puedan existir en la seguridad entendida como prevención, creo que, una vez cometido el delito, el sistema de persecución penal no está actuando adecuadamente. Así provoca, de manera indirecta, más inseguridad. En los últimos años, muchos de los delitos más violentos son cometidos por gente cada vez más joven, y en este hecho inciden la pobreza, la marginalidad, la droga, la falta de oportunidades, de trabajo y de modelos que padecen esos jóvenes. Esto los lleva a despreciar valores esenciales, entre ellos, la vida, tanto la ajena como la propia.

 La solución de estos problemas estructurales no está en manos de quienes administramos justicia penal. Sin embargo, desde hace algo más de diez años la realidad social ha impregnado el accionar de todos los órganos del Estado, y en lo que hace a la aplicación de la ley penal se ha visto plasmada la idea de que no se puede criminalizar la pobreza (a los sectores vulnerables, a la protesta social). A partir de esta premisa -que puede resultar en sí misma válida- se ha desvirtuado el sistema de persecución de los delitos y hasta el principio de igualdad ante la ley. Conductas que siempre fueron delitos quedan sin sanción cuando son cometidas por algunos sectores desfavorecidos de la sociedad; por ejemplo, cortes de calles, desmanes en la vía pública, destrucción de bienes del Estado o interrupción de los servicios de transporte.

 A este panorama debemos sumarle, además, la influencia de la corriente conocida como "garantismo", mal llamada de esa manera, ya que en realidad todas las interpretaciones y aplicaciones del derecho penal moderno respetan las garantías del imputado consagradas en las modernas Constituciones y en los convenios internacionales.

 Sobre este punto quiero centrar el análisis y formular una propuesta de fundamentación de las reformas que deberá emprender el gobierno que surja de las elecciones.

 El garantismo (convertido muchas veces en verdadero abolicionismo) parte de la premisa de que la culpa por la comisión de los delitos recae sobre la sociedad toda, por no haber brindado otras oportunidades de desarrollo a los delincuentes. Así, la aplicación de la pena estatal pierde gran parte de su legitimidad.

 Este tratamiento diferenciado de los delincuentes provoca que rápidamente recuperen la libertad personas que por el momento pueden no estar preparadas para vivir de otra forma que no sea el delito. El sistema penal genera así inseguridad de un modo indirecto, y por eso es legítimo y fundado el temor que gran parte de la sociedad argentina tiene de ser víctima de un delito.

 Hemos llegado a un estado de cosas en esta materia que requiere un golpe de timón. Esto sólo es posible a partir de que la nueva autoridad política elegida por la sociedad explicite claramente que la lucha contra la inseguridad forma parte de su agenda de gobierno y que dictará y sostendrá las medidas legislativas necesarias a ese fin. Además, quien vaya a tener semejante responsabilidad frente a los ciudadanos deberá recordar que la inseguridad atenta contra todos los derechos y libertades, ya que en un hecho delictivo podemos perder la propiedad, la integridad física o la vida.

 Mi propuesta consiste en dar un fundamento político y filosófico a la legitimidad del derecho del Estado a aplicar una pena, para así poder salir de la "trampa" que nos ha tendido el abolicionismo.

 Debemos volver al control social como un instrumento del pensamiento político, una especie de vuelta a las fuentes del pensamiento penal liberal. No vengo a proponer una suerte de "antigarantismo bobo". Tampoco se trata de propiciar políticas de "mano dura", sino de fortaleza institucional y plena vigencia de las garantías constitucionales.

 El garantismo, como movimiento crítico de la legitimidad de la pena estatal, no ha logrado, en treinta años, resultados superadores ni ha dado respuestas alternativas al modelo liberal de control social.

 Si bien no podemos negar la existencia de conflictos sociales, no hay duda que siguen existiendo ciertos valores compartidos que exceden el acuerdo sobre un sistema legal de resolución de conflictos. De hecho, en el corazón de las sociedades occidentales actuales existe una visión ética participada y comunicada, y un conjunto de valores compartidos, entre los que suelen hallarse la libertad, la igualdad ante la ley, la seguridad, la legalidad, el trabajo, la democracia, los derechos humanos y, por qué no decirlo, también la noción de propiedad. Por lo tanto, la definición del delito no constituye una mera imposición de los intereses de las clases dominantes (como sostienen algunos teóricos), sino que deriva de un consenso, mayoritariamente compartido, sobre cierta concepción ontológica de lo bueno y lo malo, y determinada orientación respecto del curso que cada cuerpo social debe transitar en su época.

 Siempre existieron teorías que han buscado legitimar la pena estatal y otras que han pretendido deslegitimarla. Y lo cierto es que, por el momento, la configuración social imperante se corresponde con el orden propio del Estado-Nación moderno y su modo característico de ejercicio del poder. Bajo esta mirada, el Estado se halla sin duda autorizado para ejercer el poder punitivo y activar mecanismos de control social en respuesta a la actividad criminal, limitado por un sistema de garantías reconocido por el derecho penal, y que constituyen el núcleo del Estado de Derecho.

 La realidad sociopolítica imperante exige pensar la forma de optimizar el funcionamiento del sistema vigente, para disminuir sus mecanismos injustos y fortalecer los controles e instituciones democráticas. De esta manera, el Estado deberá realizar esfuerzos para mejorar sensiblemente los distintos instrumentos de control social clásicos, sin descartar la opción de ingeniar nuevos que recojan ciertos aportes que surgieron de sus críticas; me refiero a las instituciones policiales, carcelarias y judiciales, es decir, a todos los operadores estatales en esta materia.

 En los últimos años hemos asistido a una fabulosa tergiversación de los argumentos políticos y jurídicos en materia de inseguridad que, de la mano de estos postulados "garantistas", se ha sumado como un capítulo más a un relato de las cuestiones esenciales del país. A mi juicio, en estos años no se ha podido poner en agenda el tema de la inseguridad por estas razones ideológicas, más allá del fracaso de las pocas políticas emprendidas en esta materia.

 En síntesis, las sociedades actuales no se conciben sin el control social formal que ejercen los Estados nacionales a través de sus instituciones, y entre ellas, claramente, las que ejercen el poder punitivo. Recuperarlo es uno de los desafíos más importantes que deberá encarar el próximo gobierno.


Ricardo Sáenz* | La Nación | Miércoles 23 de septiembre de 2015
http://www.lanacion.com.ar/1830285-el-estado-debe-recuperar-el-poder-punitivo 

*Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

15.9.15

15 de Septiembre, Día de los caídos del Nacionalismo Argentino

 
 
"Jacinto Lacebrón Guzmán. Cayó en Cumplimiento del Deber”. Fue el título que sus camaradas colocaron en el obituario al fin de una movediza jornada. Ni una palabra de lamentación para quien había caído en combate. Mejor aún, lo consideraban dichoso y privilegado, y desde entonces su nombre fue invocado cada vez que el olor a pólvora surcaba los aires.
 A poco de comenzar el Congreso Eucarístico Internacional de 1934 los grupos izquierdistas de la variedad mas disímil quisieron adueñarse de las calles porteñas. La agitación no tuvo pausa, pero el nacionalismo plantó a sus milicias para contener lo que la derecha conservadora no acertaba a detener.

 El 15 de septiembre la zona de Plaza Italia se convirtió en un gran campo de batalla: un importante mitín extranjerizante terminaba a palos y tiros. Uno de los tantos episodios sucedió sobre la avenida Las Heras. Dos oficiales del Ejército fueron atacados por una horda de comunistas que los superaban ampliamente en número. Desenvainados sus sables sólo lograron contenerlos por algunos segundos. A pocos metros se encontraba Jacinto Lacebrón Guzmán con un par de sus camaradas. Formaban en la denominada Legión Nacionalista. Y no dudaron un instante. Sin medir el número ni la catadura de los atacantes tuvieron el enorme valor cristiano de defender a quienes se encontraban en inferioridad de condiciones. Un certero proyectil lo traspasó en plena refriega. Llevado al Hospital Fernández falleció pocas horas después con los auxilios espirituales de rigor.

 Todo el Nacionalismo, que en aquellos años contaba a miles y miles entre sus filas, desfiló por la capilla ardiente. Su féretro llevado a pulso recibió el saludo de cientos de brazos. Y lo que es más significativo: fue unánime la voz que lo consideró como el primer caído del Nacionalismo Argentino pese a no ser la primera sangre que se derramaba por la causa. La razón exige conocer el porqué de esta consideración.

 A fines de los años ´20 del siglo pasado los primeros nacionalistas ya se conocían como tales. No constituían un cuerpo ideológico compacto, los matices y aún las contradicciones surgían en cada charla, en cada debate, en el café y aún en las jornadas combativas que protagonizaban. Pero los unía una inquietud imparable, aquella fuerza que les daba no sólo la juventud sino el profundo amor que profesaban por la Patria. Y lo que es mejor aún, no se encandilaban con modelos extranjeros o modas pasatistas, sino que con total naturalidad conservaban un sello autóctono y original. Lo cual no significa que no abundasen en lecturas de los autores extranjeros más diversos, rescatando para sí los valores universales o los conceptos de honda significación para el caso argentino.

 Es quizás por ello que recién en 1934, al caer asesinado Jacinto Lacebrón Guzmán, se le considera como el primer caído del nacionalismo argentino. Para entonces una decena de muertes jalonaba el camino de la sangre. Muertes lamentadas, aún homenajeadas, pero que aquellos patriotas no sintieron como propias. En efecto, aunque cercanas en tiempo y espacio, inclusive en aspiraciones, creían tener motivos para no contarlas en el inventario propiamente nacionalista.

 En 1928 varios fascistas italianos caen destrozados bajo un explosivo colocado por anarquistas en el Consulado de Buenos Aires. En octubre de 1931 José Manuel Salas, de la entonces uriburista Legión Cívica, es asesinado por elementos del radicalismo. En 1933 es abatido en Córdoba el fascista argentino Anselmo Pro, en Buenos Aires el legionario suizo Wendelín Kaslín y en Avellaneda los fascistas italianos Leonardo Simone y Gerónimo Pugliese. Todos ellos eran fervientes militantes, pero a ninguno se le considero como el Primer Caído. Y la razón sustancial para ello es simple, histórica e indudable: nuestros nacionalistas consideraban al fascismo como un fenómeno extraordinario, pero italiano. Y razón colateral pero de importancia era esta otra: no creyeron oportuno que ningún extranjero fuera precisamente el Primer Caído del Nacionalismo Argentino.

 Hoy ciertamente podemos incluir en la nómina de los caídos a todos ellos. La distancia y el devenir de la historia mundial ha demostrado que lucharon precisamente por aventar lejos de la tierra al comunismo y al liberalismo. Pero entonces los matices estaban muy marcados y ni unos ni otros querían estrechar en demasía los vínculos. Años más tarde, hacia fines de los años ´30 o comienzos de los ´40 los propios compañeros de aquellos caídos se confundirán en la lucha de la Alianza Libertadora Nacionalista.

 Sin embargo creemos positivo mantener aquel título con que se honró a Lacebrón Guzmán como el Primer Caído. Y precisamente por esta razón es que la fecha de su deceso tiene para todos los nacionalistas del país un significado muy particular. El 15 de Septiembre debería ser la jornada en que, desde cualquier rincón, nuestro espíritu se regocijara en el recuerdo del héroe. Y recordándolo a él, supiéramos traer a la memoria los más de treinta muertos que nos han marcado en el camino. Los que mató la izquierda o los que asesinó la derecha liberal y regiminosa. No importa su autor, lo que interesa es la decisión, la firmeza y la ofrenda personal con que cada uno de ellos decidió entregarse por Dios y por la Argentina.

 Por todo ello y mucho más nuestra propuesta: 15 de Septiembre, Día de los caídos del Nacionalismo Argentino.


✒ Revista Cabildo | lunes, 15 de septiembre de 2008.
http://elblogdecabildo.blogspot.com.ar/2008/09/15-de-septiembre.html

1.9.15

Un casco 33 años después


 
 Un veterano de la guerra de Malvinas de 52 años, residente en Chubut, encontró el casco que usó durante el conflicto, ya que fue comprado por un coleccionista argentino que vive en Inglaterra.

 José Muñoz, quien vive en la localidad de Sarmiento, recibió ayer el llamado de un argentino de 39 años con domicilio en Cambridge, quien se desempeña como mecánico aeronáutico y colecciona elementos de guerra, informó el diario El Patagónico en su edición de hoy. El coleccionista, cuya identidad no se informó, le reveló en una comunicación telefónica a Muñoz que había comprado el casco con su nombre escrito a mano a un militar inglés y le envió fotos para demostrárselo.

 El argentino residente en Inglaterra supo del veterano por un artículo periodístico que escribió el pasado 2 de abril en un medio local la periodista de Sarmiento Paola Muñoz, prima del ex soldado. El llamado del coleccionista se produjo ayer, cuando el coleccionista se comunicó con el sector de Prensa de la Municipalidad de Sarmiento, donde trabaja Paola Muñoz, justo en el mismo momento en que el veterano había pasado casualmente por allí.

 "Llegué de causalidad a la Municipalidad porque Paola es mi prima y pasé a saludarla. Me pasó el teléfono y me dijo: 'van a hablar con vos desde Inglaterra'. En un momento pensé: 'es alguien que quiere hacer plata', pero después me dijo que no lo puede vender (al casco) porque no lo puede sacar del país, pero que lo va a cuidar.

 El comprador del casco explicó al diario provincial que, a través de un amigo de un militar inglés, había adquirido el casco que Muñoz usó durante la guerra, identificado por su nombre escrito a mano. "Es algo emocionante; han pasado 33 años de esto. Soy veterano de guerra porque figuro en los libros, pero en realidad no tengo nada porque cuando nos tomaron prisioneros nos sacaron todo" , dijo Muñoz.

 El coleccionista aseguró que "es un honor y un placer" tenerlo porque siente que "lo está cuidando". "Espero que algún día quede en algún museo". Y reveló que, tras adquirir varios elementos de soldados argentinos que lucharon en Malvinas nunca quiso contactarse con nadie para no molestar y traer recuerdos, pero este casco fue más especial y un chico me dijo '¨por qué no lo contactas?, la gente siempre se lo toma bien, como una buena historia'.

 Muñoz ingresó en febrero de 1982 como conscripto al Regimiento de Infantería 25 y fue enviado a Malvinas el mismo 2 de abril, en el buque Bahía de los Estados, hundido luego por el ejército inglés. El soldado fue tomado prisionero por los ingleses el día de la rendición argentina, el 14 de junio de 1982.

Fuente; DyN.

✒ Esteban Mac Laren | FDRA - Malvinas | 27 de agosto de 2015.
http://fdra-malvinas.blogspot.com.ar/2015/08/un-casco-33-anos-despues.html